Una ONG palestina comprometida con la promoción y protección de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado (TPO), Al-Haq está profundamente preocupado por la huelga de hambre de Firas Al-Maraghi que está llevando a cabo desde 26 de julio 2010 frente a la embajada de Israel en Berlín , Alemania. Firas, un residente palestino de Jerusalén Oriental ocupada que está casado con una ciudadana alemana, protesta una decisión que fue tomada por la Embajada de Israel de prohibir a la hija recién nacida de la pareja de ser registrada como residente de Jerusalén, lo que impide la decisión de Firas de vivir en Jerusalén con su familia. Firas nació y se crió en el barrio de Silwan en Jerusalén oriental en una familia palestina con profundas raíces en la ciudad. En 2007, Firas temporalmente se trasladó a Berlín para residir con su esposa, que está terminando su tesis de doctorado allí. Desde entonces, Firas trató de mantener en regla su documentación, sabiendo que volverían a Jerusalén después de la realización del doctorado de su esposa, él rechaza solicitar cualquier otro pasaporte o el documento de viajes que podría quitar su derecho de sostener el laissez-passer, un documento de viajes publicado por Israel a los residentes palestinos de Jerusalén Este. Firas está en huelga de hambre hace 18 días, bebiendo sólo agua, negándose a poner fin a su huelga hasta que la embajada de Israel en Berlín revoque la negación del registro de su hija como residente de Jerusalén. La negativa de Israel de permitir la reunificación familiar no es un caso aislado. Desde 1967, Israel ha llevado a cabo una política deliberada de reducir el número de palestinos residentes en Jerusalén Oriental al tiempo que facilita el aumento de la población judía en la ciudad. Para ello, Israel ha utilizado diversos medios jurídicos y administrativos destinados a prevenir la unificación de los residentes palestinos de Jerusalén Este, con los cónyuges no residentes y los niños. En el pasado, los residentes palestinos de Jerusalén Oriental fueron capaces de solicitar al Ministerio del Interior de Israel la reagrupación familiar para sus esposas e hijos para residir legalmente en el este de Jerusalén e Israel con sus familias (un requisito que no se aplica a los ciudadanos judíos e inmigrantes). En 2000, Israel suspendió de facto de todos los procedimientos de unificación familiar, afectando a decenas de miles de palestinos y sus cónyuges extranjeros. Por otra parte, desde 2003, la Knesset (parlamento israelí) ha renovado regularmente la discriminatoria "Ciudadanía y Entrada en Israel de 2003" (el más reciente el 21 de julio de 2010). Esta ley niega formalmente la unificación familiar de los residentes palestinos de Jerusalén Oriental con sus cónyuges e hijos de otras partes de los Territorios Palestinos Ocupados o en el extranjero. En consecuencia, a estas familias se les impide vivir juntos en Israel y Jerusalén Oriental ocupada, lo que resulta en la separación y el traslado forzoso de dichas familias. En sus recientes observaciones finales, el Comité de Derechos Humanos ha pedido la "Ley de ciudadanía y entrada en Israel de 2003", que es en apariencia una disposición transitoria se revoque. La preocupación del Comité de Derechos Humanos con respecto a esta cuestión deriva del hecho de que la prohibición de Israel sobre la reunificación familiar es una violación flagrante del derecho internacional, en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). El Artículo 23 (1) del PIDCP establece que "La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a protección de la sociedad y el Estado." Israel, como ocupante en el territorio palestino, debe respetar el artículo 27 del Cuarto Convenio de Ginebra, que establece que "las personas protegidas tienen derecho, en todas las circunstancias, al respeto de su persona, su honor, sus derechos familiares."Israel utiliza una lógica de seguridad fallida de base para justificar su política ilegal. Aunque el derecho internacional reconoce el derecho de Israel a proteger a sus ciudadanos, Israel sigue estando obligado a actuar de conformidad con el principio de proporcionalidad. La prohibición total de Israel sobre la reunificación familiar para los residentes palestinos de Jerusalén Este no sólo es intrínsecamente discriminatorias, sino también desproporcionada. La razón de seguridad de Israel es aún más mermada por unas declaraciones claras del gobierno en lo que respecta a asegurar la superioridad demográfica del pueblo judío en Jerusalén Oriental anexionadai. La política de Israel de negar a los palestinos el derecho a la reunificación familiar obstaculiza las perspectivas de una solución de dos estados en Jerusalén es la capital de un futuro Estado palestino.
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