Por la salud de Israel, paralicemos los asentamientos

En español revisado por Carlos Braverman
Editorial de HAARETZ
Como podía suponerse, la decisión del gobierno de informar a la Suprema Corte de su intención de demoler inmediatamente todo puesto de avanzada colonizador no autorizado sobre terrenos apropiados a palestinos privados (excepto la casa del comandante Eliraz Peretz) ha suscitado el enfurecimiento de los colonos y sus patrocinadores en la Knesset.
La derecha ha aprendido que en la mayor parte de los casos una combinación de violentas demostraciones y presión política es suficiente para revertir tales decisiones con requerimientos para que la Suprema Corte permita a los puestos de avanzada quedarse, y continuar haciendo la vista gorda a su expansión.
El compromiso del gobierno de Netanyahu con el Cuarteto encabezado por los EE.UU. (que incluye la Unión Europea, las Naciones Unidas y Rusia), de desmantelar todos los puestos de avanzada erigidos desde marzo del 2001, es lo que ha sido en realidad pisoteado por los bulldozers, quienes están preparando el terreno para las nuevas viviendas delante de las mismas narices de los agentes de la ley.
La nueva decisión no indica un cambio significativo en el enfoque de la aplicación de la ley en los territorios ocupados; como sus predecesoras, fue hecha como consecuencia de peticiones realizadas por organizaciones de derechos humanos a la Suprema Corte, presentada en nombre de palestinos que reclamaban que sus tierras fueron robadas para erigir más puestos de avanzada o expandir otras existentes.
Los gobiernos israelíes han estado ignorando las recomendaciones principales del informe especial sobre puestos no autorizados pedido por el Primer Ministro Ariel Sharon, desde que la ex fiscal superior, Talía Sasson, se lo presentó a su gobierno hace seis años atrás. El Ministerio de Defensa confirma que no más de cuatro puestos de avanzada ilegales han sido evacuados desde entonces. Según Paz Ahora, alrededor del 44 por ciento de las tierras sobre las cuales están asentados los puestos de avanzada es tierra privada, propiedad de los palestinos.
La decisión del gobierno tampoco indica un cambio en la estrategia de la diplomacia con respecto a la retención de los territorios por parte de Israel, cuyos destinos están en el centro de las negociaciones para un acuerdo final basado en una solución de dos estados. En la misma reunión de gobierno en la que fue tomada la decisión de evacuar algunos puestos, el primer ministro recurrió a la excusa de que la dificultad en avanzar en la construcción de asentamientos fue indicativo de “una muy dificultosa realidad internacional.” Al mismo tiempo, Netanyahu dio instrucciones al ministro de defensa de seguir adelante con la planificación que permita la autorización de construcción en otros asentamientos.
El imperio de la ley en un estado democrático exige el desmantelamiento de todos los puestos de avanzada.
La preservación del carácter judío de Israel exige un completo congelamiento de los asentamientos en los territorios, hasta el cierre de las negociaciones sobre sus destinos.
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