Lo que está pasando estos días en el Sahara occidental habrá podido sorprender a muchos, pero no a quienes siguen de cerca la evolución de la última colonia española. Como si se tratara de una novedad, la mayoría de los medios han destacado estos días que, en esta ocasión, la protesta de los saharauis no ha estado relacionada con las reclamaciones de soberanía e independencia del territorio, sino con el deterioro de sus condiciones de vida. Y, sin embargo, hace mucho tiempo que se estaba cociendo a fuego lento una explosión social como ésta, a pesar de que el conflicto político parecía enfriado o relegado a un proceso diplomático fallido y seguramente tramposo.
Más allá del violento levantamiento del campamento de Agdaym Izik y de la represión posterior en diferentes barrios de El Aiún, este episodio caliente de un conflicto que se ha pretendido enfriar pone de manifiesto el fracaso de una estrategia de ocultamiento del problema. Aunque es aún muy pronto para sacar conclusiones, es bastante probable que esta primera gran crisis social en el Sahara con amplia repercusión mediática marque la tendencia de la evolución futura del conflicto y afecte, en distinta medida, a todos sus actores, directos e indirectos, cercanos y lejanos.
EL DESTINO DE LOS SAHARAUIS
Durante muchos años, los saharauis han sido tratados como población de territorio ocupado, aunque el discurso del ocupante haya negado con vehemencia esa realidad y los considerara públicamente como ciudadanos/súbditos meridionales del Rey y Comendador de los Creyentes. Que la retórica oficial era manifiestamente falsa lo evidencia la política de repoblamiento masivo de las "provincias del sur" con marroquíes procedentes de otros lugares del reino, a los que se ofrecía mejores sueldos (si eran funcionarios, en cada uno de los empleos, funciones y categorías) que el resto de sus compatriotas), más infraestructuras (relativamente) y unas condiciones de vida más atractivas (en términos generales). De esta forma, en un par de décadas largas, los saharauis originarios, habitantes de larga data y nómadas “sedentarizados” ya en proporciones superiores al 80%, se han visto convertidos en minoría dentro de su propio país. En estos momentos, con la prudencia que aconseja el asunto, puede decirse que la población implantada en el Sahara y sus descendientes sobrepasa a la que pudiera considerarse, con todos los matices precisos, como originaria.
La mayoría de esa población originalmente saharaui se siente partícipe de una identidad nacional y mantiene la aspiración de pronunciarse sobre su futuro y sus derechos políticos como pueblo. Y sigue reconociendo a la RASD (la República Árabe Saharaui Democrática) como la expresión política de su estado provisional, aunque puedan detectarse críticas al gobierno saharaui en el exilio y diferentes sensibilidades políticas. En esa mayoría, ahora minoritaria si se toma el conjunto de residentes y nuevos pobladores del Sahara, siguen vivos los lazos de hermandad con la población desplazada que resiste y espera en los campamentos de refugiados de territorio argelino. Residentes y refugiados saharauis mantienen la independencia como aspiración irrenunciable.
Sin embargo, hay que vivir todos los días, y en los últimos años, las reivindicaciones cotidianas, de orden social y económico y de contenido práctico, han pesado mucho más en la definición del malestar frente al poder extranjero que los administra. Esta realidad puede desbordar la capacidad representativa y el poder de interlocución del Frente Polisario o de la propia RASD. El actual ciclo de protestas y otras anteriores menos publicitadas se han realizado sin el liderazgo evidente del movimiento de liberación nacional. Los dirigentes polisarios deben admitirlo y tenerlo en cuenta. La última crisis ha estallado en vísperas de una nueva ronda negociadora, que concluyó con estériles resultados. Ninguna de las dos partes ha demostrado capacidad para controlar los acontecimientos. Las respuestas sociales parecen mostrar amplia autonomía de las estrategias políticas.
LAS CONTRADICCIONES DE MARRUECOS
Para Marruecos, el drama de estos días pasará factura. La estrategia de enfriar el conflicto, eludir y obstaculizar las resoluciones de la ONU, trabar el proceso referendario, jugar con la indiferencia de las potencias influyentes en la zona y manipular o exagerar riesgos para los intereses occidentales presenta límites cada vez más difícil de soslayar.
La respuesta represiva es la peor que podría ofrecer Marruecos, y eso lo saben muy bien en Rabat, desde la Casa Real hasta el responsable gubernamental más básico. Tanto es así, que, durante años, han puesto en la vitrina del Sahara justo lo contrario, aunque en la trastienda no han dejado de existir las prácticas más terribles de represión. La violencia institucional y abierta pone en evidencia el nerviosismo del Majzén, el conglomerado de poder en Marruecos. La realidad social saharaui ya no admite simplemente el método del palo y la zanahoria. Los colonos han dejado de disfrutar de una vida de privilegios. El deterioro de las condiciones de vida también les alcanza. Si Rabat fomenta o consiente el enfrentamiento civil, para enmascarar o justificar la represión oficial, el resultado puede ser mucho más inquietante y más elevado el riesgo de perder el control.
Frente a las potencias extranjeras influyentes, Marruecos ha vendido estos años que su control sobre el Sahara representaba una garantía y un apoyo en la vigilancia y contención de la amenaza islamista, nucleada en torno a las ramas magrebí y saheliana de Al Qaeda. El secuestro de ciudadanos occidentales en regiones próximas le ha proporcionado a Marruecos el discurso sustitutivo de agente occidental local que tuvo en la guerra fría frente a la amenaza soviética. Entonces, su gran rival, Argelia era un aliado de la Unión Soviética, muy sui generis, desde luego, pero útil como referencia de confrontación global. Sin mundo bipolar, la enemistad entre ambos países del Magreb continúa. En Argelia, el desafío integrista ha conocido periodos más terribles, pero sigue vivo. Como lo está en Marruecos, y con más razón para preocuparse, porque el fenómeno no es implantado sino autóctono.
Yolanda Sobero, compañera periodista de Televisión Española, acaba de publicar un libro sobre el conflicto del Sahara en el que analiza todas las claves históricas y presentes del conflicto. Durante el acto de presentación de su obra, celebrado esta misma semana en Madrid, resaltaba, entre otras contradicciones, la paradoja de la estrategia internacional marroquí. El gobernador de El Aiún le justificaba el control del Sahara como esencial para neutralizar los riesgos islamistas que se le presentan a Occidente, cuando, en realidad, como señalaba Yolanda, el peligro islamista en Marruecos no viene del sur, sino que anida en el corazón del reino, en Casablanca, la gran urbe en peligro permanente de explosión.
LA MALA CONCIENCIA ESPAÑOLA
El gobierno español ha escuchado críticas de distinta procedencia y de solvencia desigual por su reacción a los acontecimientos de estos días. Los sectores de apoyo a la causa saharaui le reprochan al gobierno falta de compromiso, ambigüedad, pasividad ante los excesos represivos marroquíes, desinterés por la evolución del conflicto, inhibición y desplazamiento de responsabilidad hacia la ONU. Puede entenderse el desconcierto oficial e incluso el patinazo de algún flamante Ministro (Ramón Jáuregui), hablando en términos de "soberanía" de Marruecos en el pleno del Congreso para luego corregirse acertadamente en los pasillos y afirmar que quiso decir "administración". O puede comprenderse la tibieza de la Ministra de Asuntos Exteriores, intentando medir sus palabras, desde el otro lado del Atlántico. En realidad, y sin escatimar los errores e insuficiencias del actual gobierno, lo cierto es que es toda la trayectoria de la España democrática en el Sáhara lo que merece la pena evaluar.
Ninguno de los gobiernos democráticos, desde 1979, parecen haber acertado. Las distintas políticas de apaciguamiento de Marruecos no han dado resultado y, sin embargo, se mantienen con formas y estilos diferentes. Es cierto que el comportamiento de Rabat hay que medirlo por lo que hace y no por lo que dice que hace o va a hacer. Que en el balance de las relaciones bilaterales, los sucesivos gobiernos españoles han ido preservando mal que bien sus intereses durante estas últimas décadas, ya sea en la explotación del recurso pesquero, en el control del tráfico de droga, en la canalización de las reivindicaciones territoriales, en los flujos migratorios o la vigilancia del fenómeno islamista. Pero es difícil evitar la sensación de que en el asunto del Sahara el resultado es negativo. Puede haber tres razones:
- Una, que ése haya sido el precio de otras concesiones o contenciones o frustraciones marroquíes, y que se haya aceptado el canje como ejercicio de pragmatismo.
- Dos, que los sucesivos gobiernos no hayan sentido verdadera presión de la opinión pública, más allá de una simpatía moral por la causa saharaui y determinadas acciones solidarias, para que realizaran una política más acorde con la responsabilidad histórica y jurídica de España.
- Y tres, que los intereses de los aliados norteamericano y francés haya servido de pantalla o dique a otro comportamiento público español más comprometido, hasta el punto de colaborar en escamoteo de los mandatos internacionales.
No se trata de opciones excluyentes, sino todo lo contrario. Con toda seguridad, es la combinación de las tres razones lo que explicaría esta "mala conciencia española", para decirlo en las acertadas palabras de nuestra compañera Yolanda Sobero.
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