Por Jaime Pastor
Una reflexión sobre el estado actual de la democracia “realmente existente” en nuestra área geográfica no puede hacer abstracción del contexto global en el que ésta sobrevive, sobre todo cuando nos encontramos en medio de una crisis sistémica y multidimensional como la que nos afecta en la actualidad.
Debemos partir, por tanto, de que este momento histórico es cualitativamente diferente del que caracterizó al desarrollo de este tipo de “democracias” en las sociedades de los países miembros de la OCDE después de la Segunda Guerra Mundial. Fue en el periodo excepcional que caracterizó a los “treinta gloriosos” posteriores cuando se pudo producir ese pacto interclasista que dio lugar a los distintos regímenes de bienestar en el mundo euro-occidental y, en ese marco, a la configuración de una democracia liberal relativamente estable. El “acontecimiento global” del año 68 expresó la voluntad de una nueva generación política de querer ir más allá del Estado de bienestar y de la política institucional de los viejos partidos de derechas y de izquierdas (incluidos los Partidos Comunistas); pero finalmente, a partir de 1973, una onda larga neoliberal se fue imponiendo frente a aquélla, con el fin de frenar la “sobrecarga de demandas” desde abajo y la crisis de “gobernabilidad” que afectaba a un capitalismo en crisis.
Así, desde los años 80 se mostraba cada vez con mayor dramatismo lo que Bob Jessop ha definido como “la paradoja de Offe”: “mientras que el capitalismo no puede coexistir con el Estado de bienestar, tampoco puede existir sin él” (2008: 334). En efecto, la tensión entre las necesidades del nuevo régimen de acumulación capitalista (con ataques al salario directo, indirecto y diferido de la fuerza de trabajo), por un lado, y la garantía del mantenimiento de un cierto grado de legitimación social entre la mayoría de la población (cada vez más limitada por esos mismos ataques), por otro, ha conocido distintas fases (resistencias con derrotas en los años 80, triunfalismo capitalista tras la caída del bloque soviético a comienzos de los 90, fin de la “globalización feliz” a finales de los 90) hasta llegar a la crisis actual. Pese a sus dificultades, el capitalismo logró dominar esa tensión sin grandes sobresaltos e incluso convirtiendo en “sentido común” su individualismo posesivo y consumista; pero el grado de financiarización que ha conocido ha acabado conduciendo al estallido de “burbujas” sucesivas cuyas consecuencias hoy recaen en las capas populares mediante nuevos “planes de ajuste” que, además de no ser suficientes para crear las bases de un nuevo “crecimiento” económico, no dejarán de generar un mayor déficit de legitimidad del sistema y de las democracias realmente existentes. Porque es ahora cuando el gran capital parece dispuesto, también en el “Norte”, a buscar una huída hacia delante frente a la magnitud de la crisis disponiéndose a prescindir incluso de unos Estados asistenciales cada vez más adelgazados justamente cuando los efectos del “descensor social” en marcha son más patentes.
Dinero, poder y “desdemocratización”
Este pronóstico se basa en que si bien durante el período de expansión económica la tendencia a la configuración de partidos “catch-all” y el neocorporativismo basado en la concertación patronal-sindicatos mayoritarios fueron relativamente funcionales al capitalismo, la intensificación de la ola neoliberal y, ahora, el estallido de la crisis sistémica han ido minando sus bases y, como consecuencia, más que a un proceso de profundización democrática a lo que estamos asistiendo es a otro inverso de “desdemocratización” o, “de-consolidación” de la democracia. Si por esto último entendemos, de nuevo con Offe, el “deterioro cualitativo en un proceso en el que se van socavando lentamente las instituciones y los principios democráticos” (2009: 108), no es difícil encontrar en nuestra realidad más cercana ejemplos de la tendencia a pasar de un “Estado social y democrático de derecho” a otro asistencial, oligárquico y securitario. Algunos, como Crouch, hace tiempo que pronosticaban ya que entrábamos en una “post-democracia”, mientras que otros se limitan a constatar que la democracia estaría “en suspenso” (Bassas, 2010), sobre todo a la vista del sometimiento tan brutal a la “dictadura de los mercados” que pretende instaurarse a escala global en el momento histórico actual.
En esas condiciones, sucintamente expuestas, el problema de encontrar mediaciones políticas que ayuden a construir una “democracia fuerte”, empleando la fórmula de Benjamin Barber, no es fácil de resolver, ya que las propuestas de reforma en un sentido más representativo, deliberativo o participativo no sólo chocan con la firme resistencia de las elites políticas a renunciar a sus privilegios sino que, sobre todo, tropiezan con la estrecha asociación de las mismas con el poder del dinero. Porque nunca como hoy “poder estatal y poder de la riqueza se conjugan tendenciosamente en una sola y misma gestión erudita de los flujos de dinero y de poblaciones. Juntos se aferran en reducir los espacios de la política” (Rancière, 2006: 135).
Es evidente, además, como ocurre en el caso español, que los sistemas de democracia partidaria que se han ido conformando ponen la búsqueda de la “gobernabilidad” por encima del criterio de asegurar la representatividad plural de la población. Así ocurre con los sistemas electorales por los que se opta con el fin de, por ejemplo, reforzar el bipartidismo y las listas cerradas, o exigiendo mociones de censura “constructivas” para derribar gobiernos; o, en fin, estableciendo “terceras cámaras” como los Tribunales Constitucionales, controlados por los grandes partidos y convertidos en garantes de un fundamentalismo constitucional resistente a la evolución de las realidades sociales y políticas internas, mientras se pliegan ante las que vienen del exterior, ya sea de la Unión Europea o de un derecho mercantil privado al servicio de los poderes económicos transnacionales. Por no hablar de la supervivencia de una institución antidemocrática como la monarquía en viejas y nuevas democracias europeas que, pese a no gobernar, mantienen un poder simbólico y fáctico nada despreciable en momentos de crisis.
Por eso reivindicar hoy un parlamento, elegido por sufragio universal directamente proporcional mediante listas no bloqueadas de partidos, como sede efectiva de la soberanía popular, es una demanda elemental que sin embargo parece ya “utópica”, en el sentido negativo del término. Lo mismo ocurre con la apuesta tan necesaria por superar uno de los principales déficit de la transición política española: la construcción de una república federal, plurinacional, pluricultural y solidaria, libremente pactada desde el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de los pueblos que forman parte del Estado español; un proceso que debería extenderse a escala europea frente a una Unión Europea convertida en instrumento disciplinario neoliberal similar al papel que ha jugado y todavía juega el Fondo Monetario Internacional en otras regiones y, ahora, en la misma Europa.
El paso de la “gobernabilidad” a la “gobernanza” (neologismo que ha acompañado al auge neoliberal), con el consiguiente peso creciente de los grupos de presión ligados al capital financiero y las empresas transnacionales (que son, en realidad, quienes están detrás de ese sujeto abstracto tan recurrido ahora con la crisis: “los mercados”) ha contribuido, además, a la extensión de una de las grandes lacras del sistema político actualmente dominante: la corrupción, cada vez más generalizada bajo el “efecto riqueza”, en sus distintas formas ¿Qué respuestas tendríamos si algún partido con peso parlamentario asumiera una lucha consecuente contra el poder de los corruptores, rechazando cualquier tipo de presión sobre los representantes y proponiendo reformas que restringieran drásticamente los gastos durante las campañas electorales, que evitaran la consolidación de una “clase política” mediante la limitación del tiempo de permanencia en los cargos electos, el establecimiento de fórmulas de rendición de cuentas, rotación y revocación de representantes, de retribuciones salariales equivalentes a la del sueldo medio de un empleado público y de prohibición de volver a presentarse a quienes hayan sufrido condena por corrupción? ¿Qué pasaría si una Iniciativa Legislativa Popular a favor de la creación de una nueva Cámara mediante el viejo y sin embargo olvidado sistema del sorteo (Cancio, 2009) –y, por tanto, basado en el principio de que cualquiera pudiera participar en el gobierno- llegara a algún parlamento electo para su aprobación? Me temo que, más allá de la demagogia con la que, en el mejor de los casos, contestaran afirmativamente a algunas de esas propuestas, la gran mayoría de la “clase política” se opondría a las mismas en nombre de la preservación de una “libre competencia no falseada” y de la “meritocracia” del político profesional.
Pero el problema está en que en esta materia ni siquiera bastaría con esas medidas de control para luchar contra la corrupción, ya que ésta se ha visto estimulada por un neoliberalismo que, bajo el creciente poder de esos “lobbies” transnacionales, ha ido privatizando amplias esferas de la economía y de servicios públicos y ha fomentado así burbujas como la inmobiliaria, de la que, como hemos comprobado suficientemente en el caso español, se ha beneficiado una larga lista de alcaldes y concejales. Haría falta, por tanto, revertir esos procesos mediante una desmercantilización creciente de aquellos sectores y bienes comunes tan necesarios para garantizar el acceso de la población a derechos sociales fundamentales. Nos topamos así, por tanto, con la estrecha asociación entre la “corrupción de la democracia” (Vidal Beneyto, 2010) y un capitalismo basado en la propiedad privada de los sectores estratégicos de la economía, incluyendo en ellos el de los medios de comunicación, cada vez más dominante en la construcción de una falsa realidad alienante. Por eso quizás el caso italiano, con la “berlusconización” del sistema político, sea el paradigma del horizonte que nos amenaza.
En resumen, hoy la democracia competitiva de partidos se enfrenta a una creciente desafección ciudadana, a un aumento de la abstención y, sobre todo, a un notable desprestigio de una “clase política” representada principalmente por los grandes partidos políticos que se alternan en el gobierno. Éstos no sólo se ven afectados por escándalos cada vez más extendidos de corrupción sino que se caracterizan por compartir, en lo fundamental, las mismas propuestas en lo que constituye el núcleo duro de la política, es decir, la Economía Política del Capital: se limitan, por tanto, a querer ganarse la “confianza de los mercados”, o sea, de ese capital financiero que ha conducido precisamente a la peor crisis del capitalismo en toda su historia.
Pese a ello, la ausencia de fuerzas políticas con credibilidad suficiente para aparecer como alternativas de gobierno en nuestra área geográfica explica la dificultad para romper ese duopolio presente en muchos países o, lo que es peor, el “cinismo político” que predomina en sectores de la ciudadanía a la hora de votar. El recurso al “voto útil” a uno u otro partido o la opción por otros en función de divisorias electorales (valores o contravalores culturales, nacionalismos de Estado o “periféricos”) secundarias respecto a la de clases sociales o ajenas a crisis tan graves como la ecológica o la de los cuidados, aparecen para ellos como un “mal menor”...que en realidad contribuye a la perpetuación de ese sistema y a su empeoramiento progresivo.
“Aprender con el Sur”
Sin embargo, hay alternativas. Hace tiempo que sociólogos críticos como Boaventura de Sousa Santos (2009) nos vienen recomendando a las gentes del “Norte” que tenemos que cuestionar nuestro viejo eurocentrismo y apostar por un pensamiento fronterizo que nos sirva para cambiar de mirada respecto a lo que pasa en el “Sur”. A la luz de lo que está ocurriendo durante el último decenio en regiones como la latinoamericana, esa tarea es más urgente si cabe en temas como el que nos ocupa en este artículo.
Porque, efectivamente, desde el decenio de los 90 hemos visto una creciente irrupción de diversos movimientos populares que han ido desafiando los sistemas políticos y de partidos vigentes en muchos de esos países, precisamente porque sus gobiernos habían sido fieles alumnos del FMI y del BM. Ha sido en América Latina donde ha habido el mayor número de presidentes electos que han caído víctimas de levantamientos populares, aunque en casos como el argentino el famoso eslogan “Que se vayan todos” no fuera acompañado por un nuevo proceso constituyente. En otros, como en Venezuela o Ecuador, ha sido un “populismo” de izquierdas, aun con todas sus contradicciones, el que se ha convertido en catalizador del malestar popular; mientras que en Bolivia la mayor fuerza de los movimientos sociales, protagonizados por los pueblos indígenas, permitió la construcción de un “instrumento político” como el Movimiento Al Socialismo (MAS), con un indígena como Evo Morales que ha llegado a asumir y renovar su mandato presidencial con éxito.
No se trata de idealizar esos procesos, llenos también de tensiones y limitaciones que no corresponde analizar aquí. Pero al menos en todos ellos es posible comprobar la aspiración popular a sentar las bases de lo que Fernando Quesada (2008) propone como la búsqueda de un nuevo “imaginario político democrático”, dispuesto a tomar el relevo del generado en la Grecia clásica y del liberal capitalista, todavía dominante. Los debates suscitados en torno a los nuevos proyectos constitucionales que se han ido poniendo en pie en esos países han contribuido a volver a poner de actualidad la necesidad de nuevas democracias capaces de combinar mediaciones institucionales de distinto tipo -representativas, deliberativas, participativas, comunitarias- con la voluntad de incluir a la totalidad de la población –reconociendo la plurinacionalidad y la pluriculturalidad y el derecho a la ciudadanía en función de la residencia o la vecindad- y de constitucionalizar una amplia lista de derechos y libertades individuales y colectivas exigibles ante los tribunales. Ése puede ser el camino “post-liberal” por el que habría que apostar frente al de unos regímenes cada vez más oligárquicos y autoritarios que se resisten a poner en el centro de la agenda política la satisfacción de las necesidades humanas básicas y del planeta entero.
La primera lección que cabe extraer de esas experiencias es que sólo desde la reconstrucción de los movimientos sociales y la conformación de bloques sociales, políticos y culturales contrahegemónicos será posible emprender un proceso de “re-democratización” de nuestras sociedades. Obviamente, esos movimientos deben apuntar hacia la puesta en pie de nuevas técnicas deliberativas, participativas, representativas y decisorias, primando siempre la horizontalidad frente a la verticalidad, así como toda una serie de prácticas de control sobre los cargos electos que impidan la profesionalización de la política y del poder, siguiendo así la vieja máxima, resucitada por el zapatismo, de “mandar obedeciendo” al servicio del “buen vivir” o de “vivir (bien) con menos”. Todo ello, además, se puede ver facilitado hoy por un uso responsable de las nuevas tecnologías de la información al servicio de la formación de una nueva “virtud cívica”.
Mientras no avancemos en la reconstrucción de nuevos sujetos colectivos dispuestos a resistir hoy a la salida ecocida y suicida que el capitalismo euro-occidental quiere dar a su propia crisis, difícilmente se podrá llegar a dar credibilidad a un nuevo “imaginario político-democrático” entre los y las de abajo. Esto no impide, al contrario, la necesidad de experimentar en ámbitos como el local poniendo en pie “laboratorios” que, como ha ocurrido en muchas ciudades de América latina (empezando por Porto Alegre), se conviertan en ejemplos visibles de que “otra democracia es posible”; pero la garantía de su éxito y de su extensión será la existencia de un “anclaje social” real de las redes críticas que, más allá de los flujos y reflujos de sus movilizaciones, sean verdaderos “imaginarios motores” de un proyecto que aspire a expandir el campo de lo posible a otras escalas.
Tampoco podemos obviar en esta reflexión otra lección a aprender “con el Sur”: el rechazo al sistema de partidos dominante no puede conducir a negar la necesidad de que los movimientos sociales cuenten también con partidos que sean fieles articuladores y exponentes de sus demandas y ofrezcan estrategias adecuadas para llevarlas a cabo tanto en las instituciones representativas como en la sociedad. No se trata de volver al viejo concepto de “partido de vanguardia” sino, más bien, de constatar que la misma pluralidad política de los distintos movimientos –en donde pueden convivir antineoliberales, anticapitalistas o, simplemente, un gran número de personas a la búsqueda de alternativas- exige reconocer que la diversidad de corrientes políticas y partidarias en su seno es algo inevitable. Lo importante es exigir de éstas el respeto a la autonomía de los movimientos, a la vez que éstos últimos no deben negar la funcionalidad de esos partidos para buscar la convergencia entre sus distintas luchas y objetivos en torno a programas de acción, trasladables a las instituciones. Porque es evidente que, por muy desprestigiadas que estén las democracias “realmente existentes”, la obtención de una legitimidad electoral significativa por parte de los partidos aliados y/o vinculados a los movimientos sociales alternativos sería una demostración –aun deformada- de la fuerza alcanzada por esos mismos movimientos, como también hemos visto en América Latina.
REFERENCIAS
Bassas, J. (2010), “Gestos políticos”, en Agamben et al., Democracia en suspenso. Madrid: Casus Belli, 7-11
Cancio, J. (2009). “Invitación a un debate: el sorteo y las cámaras sorteadas como mejoras institucionales a la democracia”, mientras tanto, 112, 47-66.
Jessop. R. (2008). El futuro del Estado capitalista. Madrid: Los libros de la catarata
Offe, C. (2009). “Características generales e insuficiencias cualitativas de las democracias liberales contemporáneas”, en A. Guerra y J.F. Tezanos (eds.), La calidad de la democracia. Las democracias del siglo XXI. Madrid: Sistema, 103-122
Quesada, F. (2008). Senderos de democracia. Entre la violencia y la globalización. Madrid: Trotta
Rancière, J. (2006). El odio a la democracia. Madrid: Amorrortu
Sousa Santos, B. (2009). “Reinventando la emancipación social”, Le Monde Diplomatique (en español), 162, 25-26
Vidal Beneyto, J. (2010). La corrupción de la democracia. Madrid: Los libros de la catarata
Publicado en la revista Éxodo, 104, junio 2010, pp. 28-34
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