Si se aplica el dicho popular "No hay mal que por bien no venga" al escándalo creado por el tratamiento recibido por las personas de etnia gitana en Francia y otros lugares, se podría deducir que la ya vieja cuestión de la flagrante discriminación contra los gitanos/roma debería haber sido captada ahora por todos los radares europeos, e incluso fuera de Europa.
Hay que conseguir que todos tengan una vida digna en una de las regiones más prósperas del mundo
Se enfrentan a los más altos niveles de discriminación dentro de la UE
Cuando el ruido y la furia de hoy se desvanezcan, las condiciones atroces de esta minoría marginalizada deben permanecer como foco de atención. Estas condiciones deben ser consideradas en el contexto apropiado, que es el de los derechos humanos como principios directores de las políticas públicas y de las acciones dirigidas a adoptar medidas correctivas.
Hoy en día, a pesar de los esfuerzos por parte de algunos Estados europeos y organizaciones internacionales y regionales, el sentir contra las personas de etnia gitana continúa siendo fuerte en Europa. Estos prejuicios podrían incluso aumentar como resultado de la recesión económica que ha obligado a muchas personas de esta etnia a abandonar sus comunidades de origen en busca de nuevas y mejores oportunidades de trabajo. Como resultado, han aumentado también las prácticas discriminatorias y la violencia.
Por ejemplo, hay noticias sobre ataques mortales contra gitanos/roma en Hungría y en Eslovaquia o incluso documentos explícitamente discriminatorios, incluida la reciente circular que se filtró del Ministerio del Interior de Francia ordenando el desalojo de los campos de grupos de personas de etnia gitana con carácter prioritario.
En este contexto, el Comité de las Naciones Unidas que sigue la puesta en práctica de la Convención Internacional contra todas las Formas de Discriminación Racial (CERD en sus siglas en inglés) ha señalado que, si bien con matices, los desalojos forzados, así como los obstáculos al acceso a una vivienda adecuada y la segregación de gitanos/roma, tienen también lugar en otros países incluidos Bulgaria, la República Checa, Grecia, Italia, Lituania, Rumanía y Eslovaquia.
En algunos países, las personas de etnia gitana tienen un acceso limitado a los servicios de salud y a otros servicios públicos, porque no tienen documentos de identidad. Según el CERD, los problemas para este grupo son extensos en el área de educación e incluyen, por ejemplo, la segregación en clases separadas o su sobrerrepresentación en colegios para niños con dificultades en el aprendizaje.
En los últimos años, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado que varios Gobiernos, incluidos dos de la Unión Europea (la República Checa y Grecia), violaban las obligaciones legales.
Un estudio reciente de Unicef señala que los niños y niñas de esta etnia, que estaban razonablemente integrados en los colegios de Alemania, han sido enviados a un ambiente de lengua albanesa que les es totalmenteextraño y donde tienen pocas, o ninguna, oportunidades para asistir al colegio.
Teniendo en cuenta este escenario, no debería sorprender a nadie que la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE estimara que las personas de etnia gitana se enfrenten a los más altos niveles de discriminación dentro de la Unión Europea.
La marginalización y la estigmatización contra estas personas se inflaman a menudo con retórica incendiaria por parte de fuerzas que buscan la ventaja política, avivando el fuego de la desconfianza. Esta es una de las cuestiones que suscité durante mi visita a los campos de asentamiento de personas de etnia gitana, tanto legales como ilegales, en Italia. Allí, como en muchos otros sitios, abogo repetidamente por la necesidad de integrar mejor a las personas de etnia gitana dentro de la sociedad en general, tanto en sus países de origen como en los países de destino. Un primer paso hacia la integración es proporcionar acceso a la educación y a otros servicios básicos, tales como la sanidad, la vivienda adecuada y el saneamiento, así como oportunidades laborales. Todos ellos son derechos humanos, plenamente reconocidos como tales por la normativa vigente. Los niños y las niñas de etnia gitana, sus padres y madres, y otros representantes de la comunidad nos lo dicen claramente durante nuestras conversaciones.
Soy consciente de que algunas tradiciones gitanas pueden estar reñidas con las del resto de la sociedad, y algunas representan violaciones inaceptables de los derechos humanos, como es el caso de los matrimonios forzados o el trabajo infantil. También soy consciente de que, viviendo en los márgenes de la sociedad, algunas personas de etnia gitana han optado por el delito -generalmente de orden menor-, lo que crea una fricción comprensible. Pero estas cuestiones exigen un escrutinio individual, caso por caso, no una condena indiscriminada de toda una población; requieren la misma respuesta que se aplica a todos los abusadores y delincuentes y no medidas ejemplares o draconianas que transpiran estigmatización y castigo colectivo de una minoría.
Para dar respuesta a estos problemas ya se han llevado a cabo esfuerzos serios en el plano nacional y por parte de las instituciones de la Unión Europea. Por ejemplo, la Comisión Europea ha intentado lanzar políticas de integración a través de la Plataforma de la Unión Europea para la Inclusión de los Roma-Gitanos y la adopción de los Principios Comunes Básicos para la Inclusión de los Roma-Gitanos en el 2009. Y en las Naciones Unidas, en abril de 2009, en la Conferencia de Revisión de Durban (contra el racismo), 182 Estados miembros de las Naciones Unidas prometieron adoptar medidas para erradicar la discriminación contra las personas de etnia gitana y otras minorías, así como proporcionarles remedios contra la discriminación y protección especial.
Todavía hay mucho por hacer. Con el apoyo decisivo de la Comisión Europea y el Parlamento, así como el de las Naciones Unidas, la Unión Europea y sus 27 Estados miembros tienen ahora una oportunidad para cambiar de actitud con respecto a las personas de etnia gitana, pasando de la reacción a la acción. Se debe acudir a las buenas prácticas y a las normas de derechos humanos y ponerlas en práctica a lo largo y ancho de toda la Unión, asegurando que todas las personas de la etnia gitana viven una vida digna en una de las regiones más prósperas del mundo, una región que es también la suya.
Navi Pillay es Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
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