Nuestra era se define en gran parte por dos conceptos muy interrelacionados: la globalización y la denominada “guerra contra el terrorismo”. En su calidad de operadores geopolíticos-económicos, ambos conceptos se complementan como medios significativos para fines específicos; ambos conforman aspectos importantes de nuestras vidas de todos los días y determinan la forma y el contenido de gran parte de lo que pasa por discurso público. Particularmente en Europa y en EE.UU. se mantiene a las poblaciones vigilantes ante “peligros claros y presentes” planteados ostensiblemente por el “terrorismo internacional” por medio de iconos mnemótécnicos de movimientos de tropas en Asia Central y/o conspiraciones estratégicamente desplegadas para atentados que supuestamente son frustrados “justo a tiempo” por nuestros servicios de inteligencia. Como si se hubiera copiado de las notas para conferencias de Carl Schmitt, se fabricó un “enemigo” totalitario al que se puede recurrir convenientemente si la memoria pública comienza a flaquear.
La globalización ha procedido mediante tres interpretaciones y representaciones del mundo en su conjunto, diferentes pero claramente interrelacionadas: como el “momento cosmopolita” sociopolítico [1] (para pedir prestado un término acuñado por Seyla Benhabib) del globo como encarnación de nuestro mundo cotidiano; como la escena de operaciones de los intereses corporativos/financieros multinacionales; y como el campo de batalla en el cual se considera que los conflictos incitados requieren soluciones exhaustivas, globales, que deben lograrse mediante un Nuevo Orden Mundial. En su estado actual, el constructo de un mundo unificado es en gran parte sinónimo del gobierno mundial ideal tal como fue conceptualizado por la Sociocracia del filósofo francés Auguste Comte en el Siglo XIX [2], en el cual los banqueros internacionales y los think tanks elitistas determinan y ejecutan las políticas públicas.
Imcluida en este ideal global está, por supuesto, la disolución completa de la nación-Estado como tal a través de la gradual, pero de facto irreversible, integración de naciones individuales en el marco totalitario de entidades políticas, económicas y de las principales judiciales/jurídicas que operan a escala global (las más importantes: las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco de Pagos Internacionales y la Organización Mundial de Comercio).
Las raíces filosóficas de este proceso integrador pueden encontrarse en los factores determinantes que llevaron al Tratado de Westfalia, que terminó con la horrorosamente brutal Guerra de Treinta Años. El tratado también enterró el principio Cuius regio, eius religio y reinstaló la tolerancia de los protestantes como fue aclarada en la Paz de Augsburgo (1555), cuya revocación bajo el Emperador Fernando II del Sacro Imperio Romano Germánico en el Edicto de Restitución (1629) provocó la cruenta contra-respuesta de la nobleza protestante en Austria y Bohemia. Los términos del acuerdo de paz también limitaron radicalmente el territorio y el poder del Sacro Imperio Romano y reconocieron la soberanía de los numerosos principados que constituían el campo de la influencia alemana, y que delegó en Francia y Suecia la tarea de guardianes de la paz.
Pero el Tratado de Westfalia fue de considerable importancia por otro motivo significativo. Los consejeros en Münster y Osnabrück pudieron establecer mediante un discurso racional el concepto de un acuerdo de paz basado en la primacía de la razón y de las reglas del derecho que trascendían los intereses nacionales y sistemas de creencias beligerantes, produciendo, con un sentido genuinamente Kantiano, la idea reguladora de la paz alcanzable como principio de razón para guiar todas las acciones de las partes involucradas, y a la cual todos los participantes,nolens volens, debían someterse. Esto es claramente evidente en la forma en que diversas cláusulas del tratado asumieron un papel metanormativo. De esa manera el tratado allanó el camino para una era de pensamiento secularizado en el cual el vigor de la ley y la negociación política servían de instrumentos para la resolución de conflictos y de líneas directivas de soberanía nacional basada en principios de razón.
Paralelamente al desarrollo de principios internacionales de conducta cosmopolita en nuestra propia época como los que se encuentran en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los estatutos de la Convención de Ginebra, los intereses económicos y financieros han explotado tanto los códices formulados en acuerdos internacionales y medidas jurídicas que actualmente sustituyen leyes nacionales previamente existentes a través de organismos cada vez más totalitarios como la Organización Mundial del Comercio. [3] Es el poder encarnado en los dominios de intereses financieros concentrados que actualmente están en el proceso de transformar nuestra vida cotidiana y las esferas de experiencia en formas previamente inimaginables.
Golpe de Estado
Silenciosamente, y cuidadosamente ocultado al escrutinio público, ocurrió un golpe de Estado en 1914 en EE.UU. Los resultados de ese golpe incruento se hacen sentir actualmente a una escala verdaderamente global. Con una planificación cuidadosa y detallada, los representantes de las instituciones financieras más poderosas de Europa y de EE.UU. tuvieron éxito mediante la promulgación de la Ley de la Reserva Federal (también conocida como la ley Glass-Owen) en la alteración radical y permanente de los fundamentos de la nación en su conjunto.
Mediante la creación del sistema de la Reserva Federal, los intereses financieros que concibieron escribieron e implementaron la ley Glass-Owen se apoderaron de la autoridad del gobierno de EE.UU. como representante teórico de los ciudadanos del país para imprimir nuestra propia moneda y colocaron esa autoridad en manos de un cártel bancario privado. Según el Artículo 1, Sección 8, de la Constitución de EE.UU., se otorga el poder al Congreso para “acuñar moneda” y “regular su valor”. La Ley de la Reserva Federal interpreta evidentemente este poder de modo bastante literal, como la acuñación de centavos, 5 centavos, 10 centavos, y cuartos de dólar; sin embargo, el centro de la ley es la creación de moneda en la forma de billetes de banco. Cuando el gobierno necesita dinero el tesoro de EE.UU. emite pagarés en forma de bonos del tesoro de EE.UU., que luego vende al sistema de propiedad privada de la Reserva Federal a cambio de un cheque de la Reserva Federal. En realidad, el banco de la Reserva “Federal” simplemente introduce las cifras correspondientes en el teclado del ordenador, una vez como deuda y otra vez como activo. En otras palabras, la Reserva Federal crea cifras de la nada, por las que luego pide un reembolso con intereses. Después los fondos se acreditan a la cuenta del gobierno y con ellos se pagan diferentes gastos. El “dinero” como tal es creado de la nada en ese momento exacto por el banco de la Reserva Federal. Pero hay un truco adicional utilizado por todos los bancos que operan con el sistema de la Reserva Federal: préstamos de reserva parcial [fractional reserve lending]. Este ardid permite al banco multiplicar por diez la cantidad de dinero que presta a sus clientes sin tener los fondos reales en reserva para respaldarlo. Todo el ardid ha permitido a los dueños ocultos del sistema privado de Reserva “Federal” la extorsión efectiva de dinero al pueblo de EE.UU. en forma de pagarés, también conocidos como bonos del tesoro, que luego deben reembolsarse con intereses.
La base legal de este escandaloso sistema en la ley Glass-Owen en EE.UU. fue sólo el comienzo. Como otros bancos centrales firmantes del Acuerdo de Bretton Woods (y por lo tanto del acuerdo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional), el sistema de la Reserva Federal puede controlar la cantidad de dinero en circulación mediante diversos mecanismos, por ejemplo mediante el aumento o la reducción de las tasas de interés y/o los requerimientos de reserva mínima de los bancos en el sistema de préstamos de reserva parcial. A través de la promulgación del sistema de la Reserva Federal, la esencia del dinero se ha convertido en deuda. Mediante la creación de deuda, el dinero llega a existir en el sistema. Por lo tanto es obvio que nunca interesa al banco que los clientes, los prestatarios, paguen realmente sus deudas porque eso dejaría a los bancos sin pagos de intereses. Cuando sucede que los prestatarios son naciones soberanas, por ejemplo del mundo en desarrollo, o ahora EE.UU. y una serie de países en Europa Occidental, los pagos de intereses obtenidos por los bancos llegan fácilmente a ser cientos de miles de millones de dólares. Esto es extraordinariamente lucrativo para bancos que han podido “participar" en la negociación de acuerdos de paz (mediante los cuales se fijan condiciones de rendición y reembolso de daños) y en las deliberaciones de acuerdos comerciales internacionales para regular el comercio y las finanzas globales.
La Primera Guerra Mundial y su resultado suministran un ejemplo muy esclarecedor de cómo se ha logrado esto. Las condiciones impuestas a Alemania mediante el Artículo 231 del Tratado de Versalles establecieron los fundamentos para la consolidación de los intereses financieros enormemente poderosos en Londres, Nueva York, Frankfurt y París, que habían sido esenciales para la imposición, a cualquier precio, de la Ley de la Reserva Federal en EE.UU. (Habría que señalar que son los mismos intereses financieros que también hicieron su parte para llevar a las naciones al conflicto militar. El foco en este caso, sin embargo, sigue limitado a la génesis y perpetración del cártel de la banca central privada como tal y sus conexiones con la actual crisis financiera y la guerra contra el terrorismo.)
El horror de la Primera Guerra Mundial condujo rápidamente a la comprensión de que la comunidad global de naciones no debería permitir que semejante crueldad volviera a ocurrir, y que hacían falta principios de conducta universalmente reconocidos y aceptados para garantizar la paz y la armonía internacional. Semejantes principios de buena voluntad, reminiscentes intencionalmente de los términos fijados por la Paz de Westfalia, sólo podían implementarse mediante una voluntad general común o consenso global. En otras palabras, una Liga de Naciones, unVölkerbund en el más estricto sentido kantiano, era necesaria para definir e implementar principios internacionalmente válidos de conducta humanitaria, por cierto cosmopolita, a fin de beneficiar a toda la especie humana y toda nuestra vida cotidiana.
Este impulso positivo fue, entre otras cosas, lo que llevó a los participantes en la “guerra para terminar todas las guerras” a fundar el “Convenio de la Liga de las Naciones”. El acuerdo incluía 26 principios a los que se comprometían los 58 Estados miembro. Pero el problema más central que confundía los ideales de la Liga era el hecho de que el acuerdo se basaba en importantes intereses económicos que esencialmente condenaban al tratado al fracaso desde el principio. La Liga se basada en el statu quo tal como fue definido por los vencedores de la Primera Guerra Mundial, quienes, como representantes al mismo tiempo de “intereses” ostensiblemente “nacionales”, hicieron todo lo posible por asegurar los mayores beneficios posibles para los banqueros de la elite que trabajaron entre bastidores en Nueva York, Londres, Paris, y Frankfurt. Y los medios para ese fin se encontraron en los términos de los pagos de reparaciones que luego impusieron a Alemania. Un artículo publicado el 31 de mayo de 1922 en el New York Times esbozó las demandas más destacadas impuestas a Alemania por las potencias de la entente Aliada:
“La Comisión de Reparación llamó a Alemania a aceptar los siguientes compromisos antes del 31 de mayo:
Reducir los gastos y equilibrar el presupuesto.
Detener el aumento de la deuda externa y del papel moneda en circulación.
Aceptar una ligera supervisión de sus esfuerzos en esa dirección.
Tomar medidas para impedir más fuga de capital y recuperar 2.000 millones de dólares que desaparecieron del país durante los últimos dos años.
Asegurar la autonomía de la política del Reichsbank.
Reiniciar la publicación de estadísticas fiscales del Gobierno.” [4]
Los lectores atentos notarán inmediatamente los inconfundibles paralelos con las exigencias (“medidas de austeridad”) frecuentemente impuestas a naciones en desarrollo por el Fondo Monetario Internacional en sus propuestas políticas conocidas previamente como “programas de ajuste estructural”, incluyendo demandas de privatización del sistema bancario o, para utilizar la frase introducida por la “jerga de la Fed”, para garantizar la independencia (“autonomía”) de la política de los bancos. (En una traducción corregida, es la simple demanda de que se permita a ese cártel de la banca privada, como única fuente de dinero ficticio, que cometa su engaño monetario basado en la deuda sin ninguna supervisión o control por el pueblo o sus representantes). Una gama de condiciones impuestas por el FMI ha llevado constantemente a dificultades interiores generalizadas y a crisis económicas, dentro de las naciones en cuestión, porque los intereses y el bienestar de la población en general discrepan evidentemente a menudo de los programas del FMI que se implementan.
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