El año de la relocalización de los Outposts en Cisjordania por Zvi Barel

Original haaretz: http://www.haaretz.com/print-edition/opinion/year-of-the-relocated-illegal-west-bank-outpost-1.405369
En español Carlos Braverman
La creatividad no conoce límites, tal como se expresa en la nueva idea de que los asentamientos ilegales en Cisjordania pueden ser movidos de una ubicación (ilegal) a otra. Esto supone su traslado desde una propiedad privada palestina a una tierra palestina "reapropiada" por el gobierno, desde un sector bajo régimen de ocupación a otro, como si tal maniobra le otorgara la legalidad que no tiene .
Es un juego de las sillas donde todos ganan, donde nadie se queda sin sentarse. En el puesto de avanzada ilegal de Ramat Gilad, en Cisjordania, nueve remolques con casas van a desplazarse una docena de metros para pasar a formar parte del asentamiento "legal" de Karnei Shomrón. Y en lo que respecta al puesto ilegal de Migrón, el ministro sin cartera, Benny Begin, sugiere que las edificaciones sean reubicadas en un sitio "legal" a varios cientos de metros de distancia.
"La creatividad y la sabiduría con la que el ministro Benny Begin llevó a cabo el diálogo en nombre del gobierno, además del altruismo y sacrificio demostrados por la familia Zar (que estableció el asentamiento ilegal) y los residentes de Ramat Gilad, constituyen el necesario modelo de sabiduría para el desarrollo continuo de una presencia residencial en Ramat Gilad y otros sitios con características similares". Así es como el diputado de Kadima, Otniel Schneller, ha descrito esta innovación.
En cuanto a Migrón, por cierto, no se ha alcanzado ningún acuerdo sobre la reubicación de las edificaciones. No son ningunos tontos en ese lugar, y no se dejarán engañar tan fácilmente por prestigio para dar muestras de altruismo y sacrificio. Y si - Dios no lo quiera - ese invento de la reubicación se convierte en la norma, alguien podría preguntarse entonces por qué no todo el mundo debería ser reubicado en territorio verdaderamente legal; digamos, dentro de las propias fronteras de Israel.
El traslado de las edificaciones a expensas del contribuyente israelí no constituye un compromiso; además es injusto. Sirve para perpetuar la apariencia de legalidad de los asentamientos, como si hubiera dos áreas judías en Cisjordania, una legal y otra ilegal. Tal enfoque no hace más que pisotear aquel dictamen de agosto emitido por el Tribunal Supremo de Justicia, en el cual se ordena la demolición de la infraestructura levantada en Migrón para marzo de este año.
El enfoque de la reubicación traslada la controversia sobre la construcción ilegal, desde el poder judicial, que ya se ha pronunciado sobre el asunto, de vuelta al ámbito político. Sólo se necesita echar un vistazo a toda esa banda que se ocupa de ejercer presión sobre este asunto, grupo que incluye a rabinos, figuras públicas y políticos que tratan de bloquear el traslado, o por lo menos, de presentarlo como una concesión en aras de la buena voluntad. Es entonces cuando se comprende que la lucha no es por los hogares: es por el trazado de fronteras legales en un lugar donde la legalidad no es más que una invención.
Otro ejemplo de creatividad ilícita es la legislación propuesta por los diputados Zeev Elkin (Likud), Yaakov Katz (Unión Nacional) y David Rotem (Israel Beiteinu), quienes sólo estarían dispuestos a permitir la demolición de viviendas cumpliendo una orden definitiva emitida por un tribunal competente en asuntos de territorio. Esto excluye al Tribunal Superior de Justicia, que no sopesa las pruebas, y al comandante de Tzáhal y a su autoridad soberana. Pero eso no es lo más importante del asunto. Además, el primer ministro Binyamín Netanyahu, en recomendación del Fiscal General Yehuda Weinstein, ha aplazado el debate sobre esta tonta legislación.
Inventos como éstos terminan cediendo el poder de decisión a los colonos quienes pueden optar por la autoridad judicial que mejor les convenga, arrastrando de ese modo al gobierno. El resultado es un origami legal nada novedoso. Entre sus pliegues se organiza un léxico que incluye conceptos como "usurpación de tierras", "expropiación de tierras" y "cierre de la zona". Prosigue con términos tales como "asentamientos legales" y "engrosamiento de los asentamientos existentes", y concluye con el heroico "puesto de avanzada", que a su vez se divide en "legal" e "ilegal".
Estos términos están diseñados simplemente para mentir a las autoridades, para desafiar a la Corte Suprema y para trasladar la soberanía desde el gobierno y el ejército a los colonos. Estos términos se vuelven sionistas al caer por esa resbaladiza pendiente en la cual un país soberano hace metástasis en una diáspora judía que dicta sus leyes y su lenguaje.
Así es como el 2012 será el "año de la reubicación del puesto de avanzada", lo cual eliminará el término "puesto de avanzada ilegal" de una vez por todas. Es impresionante la forma en que aquella terminología específica inventada para los asentamientos está siendo utilizada, como si proviniera de una ley o, al menos, de una orden judicial. Todo lo que queda es la cuestión marginal del estatus de la Corte Suprema de Justicia, estatus que perdería toda dignidad en tierra de los colonos. Pero también existe una solución para ese problema: ¿Por qué no evitar toda complicación y establecer directamente un sistema judicial independiente en Cisjordania, que incluya una corte suprema de justicia?
Ya existe allí un ámbito ejecutivo de gobierno. Y así y todo, la legislatura israelí permanece cautiva de los colonos. Lo único que falta es la rama judicial. No se requiere para eso la comisión de un acto ilegal: necesitaríamos solamente una copia de la corte y luego su traslado.

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