Por VIJAY MEHTA
Seguramente, cuando en febrero de 2011 los gobiernos
europeos declararon que habían "congelado" los bienes del dictador
egipcio Hosni Mubarak, tendríamos que haber saltado de alegría. Ese mes, Suiza,
Reino Unido y otros Estados europeos declararon que, en respuesta a las
peticiones de los nuevos dirigentes egipcios, iban a confiscar los bienes que
Mubarak había ocultado en esos países y devolverlos al pueblo egipcio.
Los ingleses "descubrieron" que Mubarak había
ocultado bienes en Londres por valor de 85 millones de libras esterlinas, así
que los "congelaron". Desgraciadamente, lo que vino después era
totalmente previsible. En mi libro, The
Economics of Killing (Pluto
Press), publicado en marzo de 2012, señalé que: "Los países europeos toman un montón de tiempo para
repatriar los fondos a los países de origen; curiosamente, de repente, emergen
problemas legales que jamás existieron cuando esas sumas llegaron para ser
blanqueadas o invertidas."
Es lo que ha ocurrido. Una investigación de la BBC
realizada en setiembre de 2012 ha descubierto que el Reino Unido no congeló la
mayoría de los bienes de Mubarak y que se niega a devolverlos. Assem al-Gohary,
responsable de la Agencia egipcia contra los bienes ilícitos, declaró a la BBC
que el Reino Unido "no quiere realizar ningún esfuerzo para recuperar
el dinero". Tras haber aceptado
millones de Mubarak sin plantear ninguna cuestión sobre el origen de los
mismos, ahora, de repente, las autoridades británicas se muestran
extremadamente celosas sobre la situación legal de esa sumas.
La corrupción occidental
El Reino Unido y el resto de gobiernos europeos realizan
pocos esfuerzos para disuadir a los mandatarios extranjeros de ocultar sus
fortunas ilegales en cuentas bancarias europeas o a través de inversiones
inmobiliarias. La "congelación" de sus bienes sólo se da cuando el
dictador pierde el poder o está a punto de perderlo.
Para los gobiernos europeos, estas
"congelaciones" cumplen tres objetivos: aparecer comprometidos con la
"libertad" y la "transparencia"; mostrar a quienes
sustituyen a los dictadores que Europa está "de su lado" y,
finalmente, transmitir a los sucesores en el poder que si desean ocultar bienes
de dudosa procedencia en algún lugar, Europa está ahí para ayudarles.
Hay que señalar, también, que Europa no hace
prácticamente nada para evitar que sus empresas sobornen a esos dirigentes con
el fin de obtener jugosos contratos estatales.
En los últimos tres años, la OCDE ha recopilado datos
sobre el número de condenas que se han dado en los países ricos contra sus
propios ciudadanos y empresas por sobornos en el extranjero.
Aunque parezca sorprendente, el país que se sitúa a la
cabeza son los Estados Unidos. El presidente Jimmy Carter firmó en 1977, la
Foreing Corrupt Practices Act (FCPA), una poderosa regulación que penaliza a
las empresas estadounidenses que concluyen negocios gracias a los sobornos. Las
cifras de la OCDE indican que para el año 2011, 58 personas y 28 empresas
americanas fueron sancionadas en virtud de la FCPA.
Si comparemos estas cifras con las que vienen de Europa,
vemos que en 2011, Suecia, Francia y Reino Unido (países que albergan
importantes industrias de armamento que venden a países conocidos por ser
corruptos) apenas han llegado a encausar por sobornos en el extranjero a 9
personas y 10 empresas.
En junio, la OCDE se vio obligada a realizar una
declaración en la que calificada de "muy débil" la legislación sueca
contra el soborno y exigía que la modificase. España, al igual que Holanda, no
procesó a nadie en 2011. Australia no ha procesado nunca a nadie por sobornos
en el extranjero, a pesar de que existen serias sospechas contra algunas de sus
empresas. Dicho de otro modo, Occidente no sólo oculta el dinero de las
dictaduras, sino que paga por él.
Cómplices de la guerra civil
Esto convierte a los gobiernos occidentales en cómplices
directos de la guerra civil que, actualmente, martiriza al pueblo Sirio. Porque
cuando una dictadura se hace más corrupta, resulta menos probable que traspase
su poder pacíficamente. Si un líder gobierna honestamente, no perderá una gran
fortuna ni se verá perseguido por la justicia si deja el poder. Más aún, él o
ella, podrá incluso obtener beneficios financieros: la fundación Mo Ibrahim
ofrece 5 millones de dólares y un salario vitalicio a los antiguos dirigentes
africanos que hayan gobernado de forma responsable.
En las dictaduras corruptas pasa justo lo contrario. Si
pierden el poder, lo pierden todo. El dictador Sirio Bashar el-Assad es un
ejemplo de ello. El Reino Unido acaba de "congelar" la impresionante
suma de 100 millones de libras esterlinas pertenecientes a él y a su camarilla.
Algunas estimaciones sitúan la fortuna de Assad en cerca
de 1 millardo de libras esterlinas distribuidos, aparte del Reino Unido, en
diversos centros de blanqueo de dinero. Sin embargo, si pierde el poder a causa
de la revolución, seguro que sus sucesores exigirán el reembolso del mismo.
Por lo tanto, resulta poco sorprendente que Assad,
siguiendo el ejemplo de Muamar Gadafi, rechace abdicar o aceptar las ofertas de
exilio a fin de evitar la "guerra civil" siria que cada día que pasa
resulta más sangrienta. Las acusaciones de corrupción y de blanqueo de dinero
le perseguirán allí donde vaya.
¿Que puede temer si es perseguido por crímenes de guerra?
Sea cual sea el escenario, el peor resultado probable es una pena de prisión
larga; el mejor, un exilio en la miseria. Si Europa no le hubiese dado tantas
facilidades para ocultar sus bienes, ahora el dictador sirio y a sus amigos no
se agarrarían de forma tan tenaz al poder.
Mi libro The
Economics of Killing examina la relación entre soborno y guerra que ya en el
pasado fue puesto a la luz en multitud de ocasiones, especialmente en los
países más pobres del planeta. Los países occidentales continúan aceptando
miles de millones de esos dictadores sin preguntar sobre su origen y sin
reflexionar sobre las consecuencias de ello para la transición pacífica del
poder. Si queremos poner fin a estos conflictos mundiales, romper esta relación
de soborno entre el Norte y el Sur se convierte en una prioridad.
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